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EXTERNALIDADES AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Por Bárbara Virginia Peñaloza
[ Bárbara Virginia Peñaloza. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de La Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en Derecho Informático. Diplomada en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la Universidad Nacional de Cuyo. Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ciclo: Derecho Ambiental y Recursos Hídricos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Mendoza.]

Son innegables los beneficios y ventajas que la tecnología ha aportado a la humanidad. La sociedad de la información en la que estamos insertos ya no tiene fronteras ni límites geográficos, la inmediatez en las comunicaciones, el acceso ilimitado a la información, el confort que los aparatos electrónicos nos aportan en lo cotidiano hacen que la tecnología ocupe un papel fundamental en la vida de cada individuo y en el desarrollo de las empresas, la ciencia y los Estados.
Tales beneficios, sumados a las conductas de consumo que ya se han arraigado en nuestra sociedad, motivan a cada individuo, a las empresas y al mismo Estado a adquirir aparatos eléctricos y electrónicos, y al consiguiente desecho de los mismos en un corto período de tiempo, ya sea porque la industria tecnológica desarrolla nuevos aparatos que cubren más necesidades que los anteriores, porque dichos aparatos tienen una vida útil preestablecida por el productor, o porque es muy costosa o imposible su reparación. Esto es lo que se conoce como “obsolescencia programada”
El aumento de este tipo de residuos se traduce en la socialización de una de las externalidades negativas de esta industria: la contaminación ambiental y el daño a la salud de las personas, provocados por una gestión inadecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos al llegar al final de su vida útil.
Ahora bien, ante este panorama, debemos preguntarnos ¿quién debe responder por cada uno de los aparatos eléctricos o electrónicos al llegar al final de su vida? ¿Quién debe soportar el costo ambiental que provoca la inadecuada gestión de este tipo de residuos que se acumulan vertiginosamente? entre quienes debe repartirse el costo ambiental de este tipo de residuos.
Externalidades ambientales
Según Gregory Mankiw, una externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga ni se le compensa por dicho efecto. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como externalidad negativa. Si le beneficia, se llama externalidad positiva. En presencia de externalidades, el interés de la sociedad en el resultado del mercado va más allá del bienestar de los compradores y vendedores que participan en el mercado para incluir el bienestar de terceros que resultan indirectamente afectados. [ MANKIW, N. Gregory, Microeconomía, Versión adaptada para América Latina, 6ta edición (Cengage Learning 2014). Capítulo 10 “Externalidades” pág 196]
En el caso de la industria tecnológica, se pueden diferenciar externalidades positivas y negativas. Respecto a las primeras no es necesario indagar demasiado, es que los beneficios que trae aparejados el avance tecnológico son indiscutibles.
Respecto a las externalidades negativas de esta industria, son la contaminación ambiental y el daño a la salud de las personas, provocados por una inadecuada gestión de los residuos eléctricos y electrónicos las más preocupantes y las que requieren de un pronto abordaje jurídico y económico.
Algunas cifras
Según el último Monitoreo Global de e-waste[ C.P. BALDÉ. – F. WANG- R. KUEHR -J. HUISMAN, The global e-waste monitor – 2014, Quantities?, Flows and resources, United Nations University, IAS – SCYCLE, Bonn, Germany (2015), pág. 8 y 64.] efectuado por la Universidad de Naciones Unidas en 2014, se estima que la cantidad total de basura electrónica generada a nivel mundial en 2014 fue de 41.8 millones de toneladas métricas (Mt). Se pronostica que para 2018 dicha cantidad aumentará a 50 Mt. Esta basura electrónica está compuesta por 1.0 Mt de lámparas, 6.3 Mt de pantallas, 3.0 Mt de pequeños equipos de la tecnología de la información (como teléfonos móviles, calculadoras de bolsillo, ordenadores personales, impresoras, etc.), 12.8 Mt de pequeños equipos (como aspiradoras, microondas, tostadoras, máquinas de afeitar eléctricas, cámaras de vídeo, etc.), 11.8 Mt de equipos grandes (como lavadoras, secadoras, lavaplatos, estufas eléctricas, paneles fotovoltaicos, etc.) y 7.0 Mt de refrigeración y equipos congelantes (equipos de temperaturas de cambio).
Según el mismo informe, en Argentina en 2014 se generaron 292 kilotones (KT) de basura electrónica y se calcula que cada habitante genera un promedio de 7 Kg de residuos de este tipo al año.
Residuos electrónicos y la necesidad de una regulación especial
Lo que distingue a los RAEE del resto de los residuos y hace necesaria una gestión diferenciada de los mismos, principalmente son sus componentes, pues estos son de diversa naturaleza, y algunos de ellos son considerados “potencialmente peligrosos”, por lo que una vez desechados inadecuadamente se transforman en residuos peligrosos[ Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 con características de peligrosidad del Anexo II de la misma norma].
Los residuos electrónicos contienen, entre otros contaminantes, metales pesados como cadmio, plomo y níquel, además de mercurio y plásticos bromados. Durante su vida útil, estos componentes son inofensivos, ya que están contenidos en placas, circuitos, conectores o cables, pero al ser desechados, si toman contacto con el agua o la materia orgánica, reaccionan liberando tóxicos al suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. Debido a su carácter no biodegradable, estos desechos atentan contra el ambiente y la salud de los seres vivos.
A su vez, los aparatos eléctricos y electrónicos también contienen elementos valiosos en su interior, tales como oro, plata, estaño, cobre, metales ferrosos (hierro), metales no ferrosos (aluminio), entre otros, lo que lleva a recolectores informales que forman parte del circuito de la basura a desmantelar los aparatos caídos en desuso, sin ningún tipo de protección sanitaria, en el afán de extraer dichos materiales y comercializarlos, desechando el resto del residuo inadecuadamente, lo que permite que los componentes peligrosos entren en contacto con el aire, el agua y el suelo, desatando su poder contaminador.
En la actualidad, tanto a nivel nacional como provincial, el manejo de la basura electrónica es inadecuado, pues no existe regulación de ningún tipo que establezca un mínimo de presupuestos o de buenas prácticas en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que se traduce, por un lado, en un riesgo para la salud de las personas y para el medioambiente y, por otro lado, en la pérdida en rellenos sanitarios o basurales de residuos sólidos de aquellos componentes valiosos que pueden ser recuperados adecuadamente para su reutilización o reciclaje, lo que brindaría oportunidades de trabajo y de integración a los recolectores informales o pequeños emprendedores que pueden intervenir en las etapas de recolección, tratamiento y disposición final de los mismos, actividad que actualmente se denomina “minería urbana” o “minería inversa”.
Por otra parte, algunos de los aparatos eléctricos y/o electrónicos tienen un alto potencial de reutilización, como es el caso de los computadores, lo que puede tener impactos socioeconómicos relevantes al contribuir –en países en vías de desarrollo– a la superación de la brecha digital y de conocimiento a través del acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Concluyendo
El aumento de residuos eléctricos y electrónicos y su manejo informal es un problema que ha llegado para quedarse y es lo que ha motivado al autor a redactar estas líneas, a los fines de contribuir en la toma de conciencia de la magnitud de esta problemática y de la importancia de tomar medidas preventivas para evitar desastres ambientales mayores en el futuro.
Partimos preguntándonos quién debe afrontar el costo ambiental que provoca la inadecuada gestión de este tipo de residuos. Luego de analizar la problemática de los RAEE como externalidad negativa de la industria tecnológica podemos concluir que es indispensable un cambio de paradigma, el cual implica un compromiso social, empresarial y estatal, que se traduce en la participación activa y proactiva de los diferentes actores, entre quienes debe repartirse el costo ambiental de este tipo de residuos, con el fin de prevenir daños a la salud de las personas y al ambiente.
Por un lado, se requiere de un marco legal que regule el tratamiento de estos residuos, en el que se prevean mecanismos de control y se fijen sanciones para el incumplimiento. Deben prohibirse prácticas abusivas, tales como la alteración de los aparatos eléctricos con el fin de acortar su vida útil, así como también debe exigirse un diseño ambientalmente amigable y que permita la desmantelación y reciclaje de los aparatos cuando lleguen al final de su vida útil.
Por su parte, los fabricantes, productores y empresas comercializadoras de aparatos eléctricos y electrónicos, , deben cumplir con requisitos mínimos de calidad y durabilidad de sus productos, utilizando materiales amigables con el medioambiente. También deben asegurar al consumidor un servicio postventa de reparación a costos razonables en comparación con los valores del producto nuevo; la comercialización de piezas de repuesto y garantías extendidas de los productos.
Finalmente los consumidores deben redefinir su rol y tomar conciencia del impacto ambiental que un consumo desmedido e innecesario provoca. Es importante que los consumidores adopten un rol activo contra prácticas poco éticas como la obsolescencia programada, así como también que opten al momento de adquirir bienes por aquellos que son más amigables con el medioambiente. También es necesario que el consumidor se responsabilice de la manera en que desecha sus productos cuando estos caen en desuso.
La tensión que ejercen sobre el medioambiente los actuales niveles y pautas de consumo, traducida en el deterioro de los recursos renovables, el daño provocado por la contaminación y el problema de la eliminación de los desechos, afecta a los seres humanos desigualmente, en materia de salud, medios de vida y seguridad, de allí la importancia que el paradigma de consumo sustentable tiene.
Asimismo, el desarrollo sustentable como principio rector en la configuración de las políticas públicas, en la producción y también en el consumo y la consagración constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano, hacen que la gestión ambientalmente adecuada de los residuos se haya convertido en una cuestión de derecho y un deber del Estado.

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